domingo, 23 de octubre de 2011

Fallo Ventura Vicente Salvador (22/02/2005)


En relación a este fallo, el 9 de noviembre de 1984, siendo las 15.30 horas, se hicieron presentes tres inspectores en una oficina comercial. Allí fueron atendidos por una persona de nombre Taus, a quien le solicitaron autorización para ingesar a la oficina y llevar a cabo una búsqueda de documentación, manifestándoles este no tener ningún impedimento contra ello. Cabe referir aquí que no habían alegado motivo alguno para dicha inspección.

Además de Taus, también se encontraban dentro de la oficina el imputado Ventura y otros empleados, quienes al finalizar el procedimiento, ratificaron todo lo actuado por los inspectores.

Ya en el Juzgado, Ventura volvió a ratificar la diligencia mencionada.

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico condenó a Ventura, pues entendió que el allanamiento, al haber habido un consentimiento válido, era legítimo. Dicho resolutorio fue apelado, confirmándolo la Cámara Penal Económico.

Al momento de ofrecer su dictamen, el Procurador General entendió al igual que el juez a quo, que el agravio planteado por la defensa no debía prosperar, pues cuando no existía ningún vicio de la voluntad en el consentimiento para realizar el allanamiento, este tiene plena válidez. Así, entendió que una autorización prestada con plena libertad, como la que tuvieron en el caso, permitía que funcionarios públicos ingresaran en los domicilios y efectúen una pesquisa sin orden judicial.

Empero, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no coincidió con lo expuesto por éste.

En efecto, no descartó la posibilidad de que se realice un allanamiento sin orden judicial, mediante consentimiento, mas corresponde en cada caso practicar un análisis de las circunstancias que mediaron la situación en concreto.

Así, la Corte destacó que la persona que atendió a los inspectores, manifestó no tener impedimentos en que se llevara a cabo la inspección, pero éste no era el interesado en que el mismo se realizara o no, sino que era Ventura. Así, tampoco le fueron explicados los motivos para realizarlos, ni tampoco cómo se llevó a cabo el mismo.

Comenzada la inspección, encontraron un documento sospechoso, y es a partir de allí que se inicia la posterior investigación. Es decir, no había ninguna indagación en curso que justifique dicha intromisión en el domicilio privado.

Por todo ello, la Corte declaró la nulidad de dicho allanamiento.

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